¿Hacia una Andalucía castrista?

 Después de padecer una huelga general convocada antes de cien días de gobierno, no parece que el título de la tribuna resulte exagerado o alarmista. Pero si repasamos los principales puntos del programa político de Izquierda Unida, concluiremos que ya no resulta en absoluto gratuito.

En efecto, el radicalismo político y económico que desprende es palmario. Se trataría de imponer, literalmente, un distinto modelo de Estado, de sociedad y de economía. Claramente una revolución, que pulveriza, desde una unilateralidad imprevista y minoritaria, el gran pacto constitucional de 1978, anclado éste en el consenso general, en las libertades y en la estabilidad del escenario político.

Indudablemente, de triunfar la opción comunista en Andalucía emergería una “nueva clase explotadora”, en expresión del escritor marxista Milovan Djilas (‘The New Class’, 1957) para designar a la clase dominante que emergió de la dinámica de los acontecimientos sociales, económicos y políticos en la Unión Soviética tras la Revolución de 1917. Es lo que puede sostenerse a la vista del programa comunista de gobierno para Andalucía 2012-2016, cuya aceptación esta formación quiere imponer a los socialistas para alcanzar el Gobierno de la Junta, a pesar de la victoria del Partido Popular.

Son medidas que figuran, a nuestro entender, en el museo de los horrores marxistas, medidas que hace tiempo han sido abandonadas por sus iniciales autores  -con el alto precio de libertad, vidas y haciendas pagado por ello-, medidas que muchos creíamos absolutamente arrinconadas y superadas y que, sin embargo, se han descubierto vivas en Andalucía y al acecho en esta hora crucial y delicada.

Son puntos programáticos alejados de la libertad y de otros derechos de la persona, que vulneran sus derechos fundamentales, que se oponen a valores y principios constitucionales y que nos pueden retrotraer a tristísimos tiempos de odio, sectarismo, y revancha. Todo ello en 2012. Propuestas económicas desempolvadas, como la de crear un “Banco público de tierras” (!) -¿tendrá algo que ver con la petición de Sánchez Gordillo acerca de la erradicación de la banca privada en territorio andaluz?-, que, de aceptarse por el PSOE, vendría a ser un contradictorio reconocimiento de que la política agraria de éste partido ha sido un rotundo fracaso en los últimos treinta años. Medida que tiene un indiscutible tufo confiscatorio, totalitario, contraria al Estado de Derecho, de naturaleza sancionadora, resultando una injusta incautación. Similares consideraciones merece la propuesta de gravar con impuestos y sanciones viviendas que están a disposición de sus legítimos dueños.

Por otra parte, hay propuestas de puro corte ideológico, que al llevarlas a la práctica estarían  interviniendo esferas privadas de la sociedad, como “erradicar definitivamente el patriarcado” (?), “dignificación adecuada de las víctimas de la guerra, dictadura y transición” o la  “despenalización del consumo y cultivo del cannabis” (!).

Hay otras aspiraciones no menos trascendentes, como “No a las bases de EE. UU” (perjudicaría a las relaciones exteriores de España), “eliminación de las Diputaciones provinciales” (pero creación de Entidades comarcales), “establecer la circunscripción electoral única para Andalucía”, cambiar la forma política del Estado por la “IIIª República”, y lo que ellos llaman “democratizar la economía”, que no es más que la consabida -y fracasada- técnica de la planificación pública del desarrollo económico y de la empresa.

 

Si este programa tuviera traducción en la realidad social de Andalucía, se instalaría en ella la planificación intervencionista, se vulneraría el derecho de propiedad, se impondrían a la fuerza modelos de relaciones individuales, familiares y sociales, se reducirían drásticamente las libertades, y paulatinamente se impondría un régimen comunista: supresión de libertades, diferenciación entre ‘burócratas’ y ciudadanos, impartición de consignas desde el poder, intervencionismo de los poderes públicos, todo ello preparando a esta sociedad, ya sufrida de por sí, para una posterior fase de ‘dictadura del proletariado’, que es la sociedad comunista perfecta, última etapa del proceso de socialización marxista.

¿Es esto lo que quieren los andaluces? No, es la imposición oportunista de una minoría totalitaria que pretende aprovecharse de una coyuntura electoral. ¿Es esto lo que quiere el PSOE  -que ya renunció al marxismo en 1979-, sacrificar la libertad de los andaluces por un gobierno?

Nos parece imprescindible que la opinión pública reflexione lo que reflejamos en estas líneas. Ni siquiera se trata de posiciones eurocomunistas. Si son verdaderos comunistas, tenderán al  proceso de transformación marxista de nuestra sociedad. Avisados quedamos.

De todas maneras, el anterior texto no prejuzga ni vincula las distintas opiniones que, legítimamente, puedan tener otros miembros de este Foro.

J. TORNÉ-DOMBIDAU, J. J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J. RAMOS SALGUERO, J. HERRERA GONZÁLEZ-AURIOLES, L. B. MORENO QUESADA, C. J. RUÍZ COSANO, I. CABRERA BOFILL