El día 19 de julio se publicó en el periódicoIdeal de Granada un artículo del Dr. García Puche en el que se hacían algunas afirmaciones en relación con la transición y nuestra constitución que merecen no quedar sin respuesta. Nos referimos especialmente a las siguientes: primero, la calificación de la transición como ‘Inmaculada’; segundo, la apuesta por la República y la crítica al excesivo presupuesto de la Casa Real; tercero, la constatación de que la mayor parte de la población española no ha votado la Constitución de 1978 y, por último, la necesidad de abrir un proceso constituyente que desemboque en la proclamación de la Tercera República Española, auténtico cimiento de la ‘Democracia Real’.

 

Sobre tales asertos de muy distinta factura hay que hacer las siguientes precisiones. En relación con la petición de apertura de un proceso constituyente es claro que en una democracia constitucional como la nuestra es absolutamente pertinente que se quiera abrir tal proceso pues entra dentro del ejercicio de nuestras libertades políticas. La única prevención que habría de tenerse es la del respeto a las normas establecidas que regulan la apertura y cierre de ese proceso. Si se hiciera al margen de las mismas, se estaría abriendo un proceso revolucionario que es incompatible con los presupuestos de la democracia constitucional, aunque no con los de una democracia popular o de cualquier otro signo -¿podría hablarse también de la nueva democracia real?-. También resulta acertada la constatación de que la mayor parte de la población no ha votado, por cuestiones generacionales, nuestra constitución. El Presidente Jefferson defendió que cada generación debía darse su propia constitución con el fin de evitar que las generaciones precedentes conformaran el modo de vida de las sucesoras. No obstante y creo que acertadamente, el pueblo americano no le hizo caso. El mantenimiento de la estabilidad de una sociedad, cuando lo es por las buenas razones, constituye un argumento de peso.

 

Su apuesta por la República frente a la monarquía se apoya en dos razones. La consideración de que la República es el auténtico cimiento de la Democracia Real y, en segundo lugar, utiliza el argumento del excesivo presupuesto de la Casa Real. En relación con el primero habría que clarificar qué se quiere decir con democracia real, pues mucho nos tememos que se esté utilizando a modo de concepto arbitrario. De todas maneras habrá que esperar a ver cómo se va concretando. Respecto de la segunda razón no tenemos cifras que avalen o desmientan tal afirmación, aunque creemos que no es una cuestión de números. No parece que la presidencia americana o la francesa dispongan de menos presupuesto que nuestra monarquía, como tampoco que ésta disponga de más dinero que otras monarquías. Piénsese en el de la monarquía británica, sin mencionar su propio patrimonio. Sin embargo, el problema de fondo consiste en confundir la monarquía parlamentaria, la nuestra, con la monarquía constitucional, la decimonónica, en la que el monarca hablaba en nombre del pueblo, al mantener con su voz la unidad de éste. Nuestra monarquía es de un cariz totalmente diferente, pues el monarca es sólo símbolo, siendo el parlamento el que habla en nombre del soberano, el pueblo, que es el que ha decidido en la Constitución de 1978 la existencia de tal símbolo. Desde luego que puede cambiarse, aunque en nuestra opinión no reportaría ninguna ventaja, más bien lo contrario.

 

Por último, hay que entrar en lo que nos parece que constituye el tema central del artículo del Dr. García Puche. El texto se construye sobre un equívoco, la calificación de la Transición como ‘Inmaculada’, queriendo decir no lo que dice, sino justamente lo contrario, pues de lo que se trata es de criticar el proceso de la transición como un proceso errado que cerró en falso la dictadura. Esto es lo que legitimaría la crítica de la Constitución de 1978 y su sustitución por un nuevo régimen republicano. En nuestra opinión es precisamente la ‘tacha’ de la transición y no su carácter inmaculado lo que la hizo grande, en la medida en que se fue capaz de mediar la universalidad de sus principios –democracia y derechos humanos-, con la realidad de un momento concreto, el final de una dictadura de cuarenta años en momentos de dificultad económica. En la transición se alcanzó un momento de individualización que quedó plasmado en la forma política de la Constitución de 1978, que pese a sus defectos ha producido unos resultados envidiables.

 

Esto no quiere decir que esa constitución no requiera reformas. Más bien lo contrario, pero tales cambios no deben hacerse al margen de los principios que la articulan, esto es, al margen del espíritu de la transición, a no ser que fuésemos capaces de determinar la existencia de unos principios más consistentes que aquellos que defienden la soberanía del pueblo y los derechos y libertades individuales.

Granada, 21 de julio de 2011

Juan Herrera y José J. Jiménez, miembros del Club de la Constitución.